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ECONOMÍA


El Gobierno de Rescate de la Esperanza, encabezado por Sandra Torres, pondrá un énfasis especial en la recuperación económica y social, de manera incluyente. Ello significa que sus políticas y acciones estarán dirigidas a beneficiar a los distintos segmentos de la sociedad guatemalteca, desde la población en pobreza y pobreza extrema, hasta el sector privado, pasando por un fortalecimiento activo de las oportunidades económicas para la clase media.

El objetivo es alcanzar una Guatemala con desarrollo humano para todos sus habitantes. En ese sentido, el Estado (fuerte y no burocrático) que garantiza los principios constitucionales de propiedad privada y el de bien común, se convierte en un instrumento fundamental y generador de condiciones del desarrollo y progreso de toda la sociedad.

En la propuesta de la UNE los emprendedores son prioritarios. Nos interesa que coincidamos en sus necesidades y como dijo un economista “que se conviertan en la palanca para potenciarlos como agentes efectivos del desarrollo económico integral”.

En respuesta a las necesidades más sentidas de la población, el Gobierno de Rescate de la Esperanza dará la más alta prioridad a la generación de empleo e ingresos, factor clave para un fortalecimiento considerable de la economía, cuya meta de crecimiento será de alrededor del 5 por ciento.

El desarrollo económico se sustentará en una gestión macroeconómica responsable, coherente y estable, que asegure la moderación de las expectativas inflacionarias (una inflación baja y estable) y una política monetaria prudente, así como en políticas económicas que propicien el crecimiento económico de manera sostenible. Se promoverán las condiciones para una genuina libre competencia.

Se promoverán las condiciones políticas que viabilicen la recuperación y modernización de la administración tributaria y de las finanzas públicas de Guatemala, con enfoque fiscal integral y en pro del desarrollo, con calidad y eficiencia del gasto público; transparencia; combate frontal a la evasión tributaria, el contrabando y la defraudación aduanera; ampliación de la base tributaria; estabilidad macroeconómica con un déficit fiscal responsable. Se hará una gestión prudente del endeudamiento público, observando criterios técnicos de sostenibilidad fiscal y capacidad de pago.

El incremento de los ingresos tributarios, hasta llegar a alrededor del 13 por ciento respecto del PIB, entre 2016-2020, se logrará a través del crecimiento económico, la recuperación y modernización de la administración tributaria, la mejora en la eficiencia del cobro de impuestos, la ampliación de la base y el combate decidido al contrabando, las mafias en aduanas y la evasión.

Propuestas específicas

a. El impulso de la economía y productividad rural tiene como prioridad:

a.1 Fortalecer las organizaciones en cooperativas, Empresas Campesinas Asociativas (ECA), reproducción de la experiencia de los grupos gestores, y otras formas de asociaciones y organizaciones campesinas o rurales;

a.2 Impulsar programas de crédito rural, asistencia técnica (extensión rural), semillas mejoradas, fertilizante, infraestructura rural, arrendamiento, regularización y compra de tierra. Lo anterior se expresará en el Programa “Mi Siembra Progresa”.

a.3 Promover las medidas legales y administrativas para facilitar la seguridad alimentaria y el acceso a mercados a la producción campesina.

a.4 Reestructurar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el marco de la recuperación de la institucionalidad que promueva la coordinación interinstitucional e impulse la productividad rural y el desarrollo;

a.5 Implementar los proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial rural;

a.6 Promover la conservación y restauración de recursos naturales renovables mediante el programa “Mi Bosque Progresa” reforestando en una primera fase las cuencas, riberas, las tierras comunales, tierras del Estado y municipales, así como la siembra y aprovechamiento de especies vegetales adecuadas.

b. Promover, en las áreas urbanas pobres, iniciativas económicas relacionadas con la prestación de servicios y el comercio, tales como sastrerías, restaurantes, tiendas, almacenes, panaderías, cooperativas de consumo, mejoramiento de infraestructura comunitaria y participación en la construcción de proyectos de vivienda y transporte, entre otros.

c. Se fortalecerá y se desarrollará a la clase media con las siguientes acciones:

Se implementarán intensivamente programas integrales de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa Urbana y Rural, que incluirán la facilitación de los trámites de legalización, la asistencia técnica, el otorgamiento de facilidades de acceso a crédito, capital de trabajo y mercados, mediante el Programa Ya Tengo Mi Empresa.

Se impulsará un Programa de becas especializadas tanto nacionales como en el extranjero para profesionales de alta calificación técnica y profesional.

Se impulsará una red de Tecnocentros Regionales orientados a la capacitación para el trabajo, la inteligencia de mercados, centros de llamadas y promoción de la organización productiva local.

Se promoverá la transparencia del mercado de medicamentos (iniciativa No. 4881-2014, Ley de Transparencia en el mercado de Medicamentos, presentada por la bancada UNE)

Se promoverá una ley que combata a la usura y que defienda los intereses y la propiedad de los guatemaltecos.

Se promoverá la Ley de Competencia y del consumidor que garantice a la población precios justos, particularmente en la canasta básica.

d. De igual manera, parte importante de la inversión pública estará orientada al fortalecimiento de la infraestructura educativa, social, vial y de reforzamiento a la actividad de la economía rural, tales como:

- Obras masivas de riego,
- Centros de acopio, mercados y caminos rurales.
- Construcción masiva de vivienda como uno de los mecanismos de mayor efecto multiplicador en la generación de empleo.

Proyectos de escala

A la vez de generar afirmativamente amplias oportunidades económicas concretas a la población en pobreza y extrema pobreza, el Gobierno de Rescate de la Esperanza promoverá medidas para que la empresa privada disponga de mejores condiciones integrales para un buen desarrollo de sus actividades productivas, incluyendo seguridad, certeza jurídica, agilización de trámites, mejoramiento constante de las calificaciones de riesgo-país, desarrollo de infraestructura productiva, transparencia y un diálogo permanente que construya acuerdos y administre constructivamente las diferencias.

El Gobierno de Rescate de la Esperanza pondrá un fuerte énfasis en la promoción de las alianzas público-privadas, para lo cual promoverá reformas legales para lograr su adecuada y ágil implementación, incluyendo que la aprobación de los proyectos específicos no esté sujeta a las disputas políticas en el Congreso de la República.

Se promoverán inversiones, en el marco de las alianzas público-privadas, proyectos tales como:

- Tren de Cercanías con carreteras,
- Construcción del Centro Administrativo gubernamental,
- Ampliación de los Puertos Santo Tomas, Puerto Barrios y Puerto Quetzal,
- El gasoducto,
- Nuevo anillo metropolitano,
- Remodelación del sistema penitenciario.
- En infraestructura vial, tramos de carretera, tales como la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal.

Se promoverá una profunda reforma del sistema de transporte público bajo un esquema de participación público-privada, con respaldo en política pública y legislación, con la finalidad de proveer un servicio con dignidad, seguridad y responsabilidad ambiental.

Se promoverán medidas que generen avances con mayor celeridad y eficacia en la transformación de la matriz energética, asegurando el abaratamiento del costo de la energía eléctrica para todos los segmentos poblacionales y una mayor eficiencia tecnológica para enfrentar los factores que la encarecen, como el costo de alumbrado público.

Se impulsará un Diálogo Estratégico, puntual y delimitado en el tiempo, para promover una política pública y legislación marco que regule la actividad de las industrias extractivas, tomando en cuenta los intereses de todas las partes y garantizando la presencia del Estado para disminuir la conflictividad social.

Se impulsará una vigorosa política de promoción de inversiones nacionales y extranjeras con base en ventajas comparativas y competitivas integrales (sistémicas).

Se promoverá política pública y legislación para el otorgamiento del “silencio administrativo” en aquellos casos en que la autoridad pública incumpla con pronunciarse sobre autorización o denegatoria de permisos, licencias o autorizaciones para las actividades económicas. Por “silencio administrativo” se entenderá la autorización tácita de la autoridad pública, en caso de incumplimiento con los plazos legalmente establecidos para otorgar un dictamen a los trámites.

Se promoverá un fortalecimiento de la Bolsa de Valores, con la finalidad de transparentar el mercado accionario y la participación de los accionistas en la gestión de las empresas.

Se incentivará el desarrollo de turismo de diferentes escalas y especialidades.

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