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SEGURIDAD

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y SISTEMA DE JUSTICIA


Guatemala se ubica en una de las regiones más afectadas por la violencia, por el crimen organizado trasnacional -en especial el narcotráfico, migración, trata de personas, robo de automóviles, trasiego de armas y municiones- y por el incremento de jóvenes vinculados a las pandillas.

Esa falta de seguridad en Guatemala sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a la población. La política de “mano dura” y el concepto militar de seguridad han demostrado ser un rotundo fracaso en el abordaje de la inseguridad ciudadana. Esta breve descripción de la fenomenología criminal evidencia que se debe de tener un abordaje integral para reducir el delito.

Se debe invertir no sólo en el incremento del número de efectivos de la Policía, en prevención, educación, salud, inversión social, fomentar el empleo, generar condiciones de oportunidades, inclusión, combatir la marginación social, fomentar la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción del tejido social, y evidentemente, consolidar la participación de otros actores como los alcaldes y la ciudadanía.

El gobierno de Pérez Molina ni siquiera pudo aprovechar la tendencia en la tasa de homicidios que había alcanzado el primer gobierno de la UNE, tal como se demuestra en esta elocuente gráfica presentada por Fundesa en el Enade 2014. Los números hablan por sí solos.

seguridad

A lo anterior se debe agregar la corrupción totalmente desenfrenada y descarada, y el contrabando en las aduanas que, según se ha dicho recientemente, provoca una evasión de más de Q. 1 mil millones aproximadamente, cifra que todavía se considera muy conservadora.

Además, este ha sido el Gobierno que más ha acudido a estados de excepción deliberadamente, lo cual facilita las contrataciones y compras sin licitar. Solo en 2014 el Ministerio de Gobernación adjudicó sin licitar más de TRESCIENTOS millones de quetzales, aprovechando esta coyuntura.

Elementos del planteamiento

La propuesta se fundamenta en los siguientes principios:

1. Seriedad. Es un desafío que se debe asumir con políticas públicas. No debe ser un elemento de propaganda.

2. Integralidad. Hay que combatir las causas y las consecuencias de la criminalidad.

3. Viabilidad. La propuesta debe ser coherente con los ingresos y recursos con que se cuentan. Incluye una política de transparencia y calidad del gasto.

4. Carácter democrático. Es un proceso de participación, propositivo, de involucramiento y de empoderamiento.

5. Voluntad política.

La seguridad democrática

La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones. Es importante fomentar una propuesta responsable, integral y coherente en recursos. Guatemala debe caminar por la ruta de la seguridad democrática que incluye:

a. Prevención:

La Prevención del delito debe ser un eje transversal. Prevención en la familia, en la escuela, en el entorno social y en el entorno nacional. Este proceso aborda la violencia intrafamiliar. Una herramienta científica y socialmente comprobada en esta propuesta es la utilización de los proyectos como Escuelas Abiertas, Escuelas Seguras, Todos Listos Ya y Barrios Seguros.

b. Inversión social:

Uno de los principales motores de la inseguridad es la inequidad, la falta de oportunidades, la exclusión social y la marginación. Hay que invertir en desarrollo familiar para alejar a los jóvenes de los actos delictivos.

c. Poder coercitivo:

Si bien el Estado debe extender su brazo solidario, también debe aplicar todos los recursos legales e institucionales a su alcance para reducir el crimen.

i. La Policía retomará las calles, los espacios públicos, las vías por donde transitan las familias, los trabajadores y los empresarios. Detener y procesar a delincuentes que copan las calles es prioritario.

ii. El robo de celulares genera ganancias millonarias a los delincuentes. Se legislará a favor del ciudadano.

iii. La extorsión afecta a ciudadanos y a empresarios. Hay que crear unidades robustas (inteligencia-investigación-persecución penal) de agentes antiextorsiones y descentralizados. Todo ello con trabajo coordinado entre Estado-ciudadanos-sector productivo.

d. Desarrollo local:

Es fundamental invertir en infraestructura de servicios públicos tales como alumbrado, calles, espacios públicos, parques y canchas polideportivas, para mejorar los entornos sociales con seguridad. El desarrollo local debe ser una responsabilidad conjunta entre el organismo Ejecutivo y las corporaciones municipales.

e. Tecnología. La video vigilancia seguirá siendo una prioridad. Irá acompañada de equipos tecnológicos de inteligencia y procesamiento.

f. Reformas. La Reforma Policial continuará como el proyecto de transformación de la institucionalidad a mediano plazo.

g. Reducción de los crímenes.

Descentralizar la inteligencia y la investigación a nivel nacional, con recursos propios. Se debe dar énfasis en 10 departamentos y se logrará bajar la tasa criminal en general. Ello bajará los homicidios, femicidios, delitos contra el patrimonio y delitos sexuales a nivel nacional.

h. Promoción de agentes

La promoción de agentes nuevos de la PNC se hará gradualmente por año hasta alcanzar los 40 mil efectivos. Además se promocionará un 10 por ciento de esta fuerza para agentes investigadores.

i. Narcotráfico.

i. Luchar contra la ocupación territorial
ii. Mejorar incautación
iii. Capturar extraditables
iv. Participar en el debate internacional sobre estrategias alternativas del combate a la narcoactividad

j. Presidios:

El sistema penitenciario ha colapsado y a la luz de la cantidad histórica de ingresos de privados de libertad, el Estado no tiene recursos inmediatos. Además, el Estado ha perdido más de Q300 millones en prisiones de cartón, controles caricaturescos de bloqueadores de llamadas y aparatos de registros caducos.

Se promoverá la alianza público-privada para concesionar los controles y registros de las prisiones. Ello implica la construcción inmediata de dos prisiones de alta seguridad.

k. Apoyo a la transformación, independencia y fortalecimiento del sistema de justicia.

Como parte de un acuerdo con las instituciones que conforman el sistema de justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal) el Gobierno contribuirá activamente con la promoción de un Diálogo estratégico de país orientado a discutir y promover las acciones legales, administrativas y financieras que busquen asegurar la transformación, independencia, fortalecimiento y legitimidad social del sistema de justicia.

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